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Mujeres olvidadas de la guerra contra el narco, víctimas invisibles: Asilegal

El inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2007 marcó un antes y un después en la sociedad mexicana. Esto, desde la manera en la que se perciben los delitos, hasta el discurso de criminalización contra las víctimas.

Los delitos más comunes dejaron de ser robos y pandillerismo. Desde ese entonces, estuvieron más relacionados a un discurso bélico antidrogas importado desde Estados Unidos. 

 

“Para 2017, México se encontraba en el décimo lugar de países del mundo con el mayor número de mujeres en prisión. El 49 % de los delitos hasta 2019 están asociados con el narcotráfico y 78% de los delitos de fuero federal cometidos por mujeres. Éstos se relacionan con esta cruzada: asociación delictuosa, delitos contra la salud y delincuencia organizada”, se lee en el texto de Asilegal.

 

La organización de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) junto con las investigaciones de Laura Fonseca, Verónica Garzón y Alfredo Utrera, bajo la coordinación de José Luis Gutiérrez conformaron un informe al respecto.

 

En este trabajo se analizan los problemas y contextos que privaron de la libertad a miles de mujeres. Destacan que la militarización y la política castrense, que se adoptó en México, dio pie a una ola de detenciones ilegales y arbitrarias que sumergieron a la población en las cárceles y la tortura. 

 

El arraigo es una medida excepcional a la legislación nacional que permite una detención por la simple sospecha de pertenecer a la delincuencia organizada y el Artículo 16 Constitucional dispone que “la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona”.

 

El objetivo del arraigo no es determinar si una persona es inocente o culpable, sino privarla de su libertad con el fin de obtener información, la cual en muchas ocasiones es obtenida bajo tortura”, señala Asilegal.

 

Sobre las mujeres detenidas por delitos del fuero federal, el informe acusa que “24% de éstas fueron trasladadas y retenidas en lugares distintos a las agencias de la fiscalía, en comparación con 22% de los hombres dentro del mismo fuero. Esto muestra que las detenciones arbitrarias son más frecuentes en mujeres que en hombres. Del total de mujeres privadas de libertad, 59% (6,303) fueron detenidas arbitrariamente”. 

 

Otro de los problemas que señala el informe es la falta de acceso a la defensa adecuada, ya que la garantía de que el Estado proporcione una defensa legal digna, se contradice con 72% de los casos de mujeres presas por delitos del fuero federal, que fueron defendidas por abogados de oficio. 

 

Es una realidad recurrente que cuando las mujeres entran en conflicto con la ley, se enfrentan con autoridades que discriminan y que imponen cargas o reprochan actos y valores, con base en prejuicios de género. La sanción que reciben las mujeres no solamente es la que corresponde al derecho penal, sino que a esa sanción se le agrega una de tipo moral, donde se reprocha haber transgredido su rol de madre, hija, esposa, cuidadora, etc. Incluso por osar transgredir su papel histórico”, señala la investigación.

 

Asimismo, señalan la pobreza como una de las violencias sistemáticas que impide el acceso a los derechos humanos como salud, educación, trato digno, vivienda, etc.

 

“La brecha salarial se refleja cuando una mujer recibe 73 de cada 100 que recibe un hombre en México. El análisis del contexto socioeconómico que pone a las mujeres en una posición de desventaja dentro de la sociedad, resulta relevante para entender las razones por las cuales entran en conflicto con la ley penal”. 

 

El abuso de las autoridades penales, policiales y militares, para perseguir a un sector de la población por su género y su calidad socioeconómica se volvió sistemática. Esto ha dejado a más de 210 mil personas privadas de su libertad en México.

El estudio considera que la guerra contra las drogas y sus conflictos, ha dejado 82 mil 825 víctimas de desaparición, así como un promedio de 97 personas asesinadas al día por una política castrense, discriminatoria y sin perspectiva de género.

 

 

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